La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, durante la visita a las obras de las viviendas protegidas que la Generalitat construye en el barrio de Rabasa, en Alicante.

La provincia de Alicante se ha convertido en el principal eje del Plan VIVE de la Generalitat, con cerca de 3.000 viviendas de protección pública en distintas fases de desarrollo. Así lo ha subrayado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, durante su visita a las obras que se ejecutan en el barrio alicantino de Rabasa, una de las actuaciones ya en marcha.

La responsable autonómica recorrió la promoción de 34 viviendas adosadas que se están levantando en esta zona de la ciudad de Alicante y que se destinarán al alquiler a precios asequibles. El proyecto cuenta con una inversión de 2,8 millones de euros y forma parte del despliegue inicial del Plan VIVE en la provincia.

Durante la visita, Camarero puso el acento en la dimensión social del programa, que persigue aumentar el parque público de vivienda en un contexto de precios elevados y escasa oferta. El objetivo global del plan es alcanzar las 10.000 viviendas protegidas en toda la Comunitat Valenciana a lo largo de la legislatura, con especial atención a jóvenes y familias con rentas limitadas.

Alicante, epicentro de las nuevas promociones

Según los datos facilitados por la Conselleria, solo en la provincia de Alicante hay actualmente 929 viviendas protegidas en construcción. A la promoción de Rabasa se suman actuaciones de gran volumen en municipios como San Joan d’Alacant, donde se edifican 525 viviendas, Benidorm (117), El Campello (110), Elche (76), San Vicente del Raspeig (40) y Elda (27).

Este volumen sitúa a Alicante como la provincia con mayor número de viviendas licitadas y en obras dentro del Plan VIVE, un papel que desde el Consell se define como “motor” del programa autonómico de vivienda pública.

Colaboración municipal y suelo público

Uno de los factores que está permitiendo avanzar el plan, según explicó Camarero, es la implicación directa de los ayuntamientos, que han cedido suelo público urbanizable para facilitar la construcción de nuevas promociones. En este sentido, un total de 79 municipios alicantinos se han adherido ya al convenio marco suscrito entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Desde la Conselleria también se destaca la participación del sector privado, con promotores y constructores que han retomado proyectos de vivienda protegida paralizados durante años, gracias —según el Consell— a un marco de mayor seguridad jurídica.

Las obras en Rabasa y en otros puntos de la provincia reflejan así el inicio efectivo de un plan que busca ampliar la oferta de vivienda asequible en Alicante, uno de los territorios más tensionados por la demanda residencial en la Comunitat Valenciana.

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