El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Guardamar ha desmantelado un taller mecánico que operaba ilegalmente en Algorfa. Su responsable se enfrenta a sanciones que pueden ascender hasta los 100.000 euros.
Llevar a reparar un vehículo a un taller de estas características supone una grave amenaza para el medio ambiente, además de un riesgo para el propietario del vehículo, que no suele recibir ningún tipo de documento que recoja un presupuesto o una garantía de la reparación o las piezas. Con lo que, en caso de tener que reclamar en el futuro, la mayoría de las veces ni siquiera pueden acreditar que su vehículo haya sido reparado por ese establecimiento.
Los agentes del SEPRONA de Guardamar estaban realizando una vigilancia en una zona rural de Algorfa cuando observaron estas instalaciones, que llamaron su atención. Así que realizaron una inspección del presunto establecimiento comprobando que el responsable no podía acreditar ni la licencia de apertura ni la ambiental, ni tampoco estaba dado de alta en el registro industrial. Además, se constató que no disponía de placa identificativa de taller mecánico, cuya exhibición es obligatoria en el taller. Tampoco aportaba documentación que justificara la correcta gestión de los residuos peligrosos generados con esta actividad, tales como aceites usados, líquidos, filtros, baterías o neumáticos.
A pesar de que el responsable de las instalaciones trató de negar en todo momento que realizara una actividad comercial y afirmaba que únicamente reparaba los coches de familiares y amigos, dentro de la nave, los agentes localizaron siete vehículos en proceso de reparación, y otros trece vehículos y una grúa en el exterior de la nave.
Un taller mecánico clandestino representa una seria amenaza para el medio ambiente, ya que los residuos procedentes de vehículos a motor son muy peligrosos. Por ello, tienen que ser entregados a un gestor de residuos acreditado que garantice su reciclado o destrucción mediante los procedimientos adecuados y evitando que sean tirados a la basura o abandonados en zonas verdes y acaben vertidos a la naturaleza.
Por otro lado, además de que incurre en una competencia desleal que afecta negativamente a los profesionales del sector que sí cumplen con la normativa, tampoco es seguro para los usuarios, ya que, bajo la creencia de que puede salir más rentable, la realidad es que este tipo de talleres suele emplear recambios que carecen de trazabilidad (no se puede acreditar su procedencia) y tampoco cuentan con la correspondiente garantía, mermando los derechos del cliente.
Ante las diferentes infracciones a la Ley 6/2014,de 25 de julio, sobre Prevención, calidad y control ambiental de actividades, de ámbito autonómico; y a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, de ámbito estatal; la Guardia Civil ha tramitado los correspondientes expedientes que han sido remitidos al Ayuntamiento de Algorfa y a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, al objeto de que la Autoridad competente adopte las medidas oportunas.
El infractor es un hombre de 42 años, vecino de Torrevieja, y puede enfrentarse a sanciones que van desde 2.001 a 100.000 euros, por infracciones tipificadas como graves y que pueden conllevar además, entre otras medidas accesorias, la clausura del local, la paralización de la actividad, e incluso la obligación de restaurar el daño ambiental causado.
